He leído hoy, domingo 27 de
enero, en El Correo el artículo de opinión de Daniel Innerarity “Una defensa de
la política”. Defiende a los políticos cuando se les acusa de ser
incompetentes. Y tiene razón que no todos los políticos son incompetentes. Y es
verdad que ser un político competente es difícil porque los problemas que hay
que resolver son complejos.
“Si los políticos y las políticas
son vulnerables a la crítica es porque nosotros les hemos confiado esta misión,
algo que parecemos desconocer cuando se
nos olvida que su incompetencia y desacuerdo se debe a que les hemos trasladado los problemas que
no se resuelvan mediante una competencia irrefutable. No es que ellos sean
incompetentes, sino que los problemas que les hemos encomendado son
irresolubles mediante una competencia profesional; se exponen a que descubramos
su incompetencia porque hemos delegado en ellos los problemas en los que se
concentra la mayor incertidumbre. Para que nuestra crítica fuera justa no
deberíamos olvidar esta propiedad que hace de la política una actividad
especialmente difícil, polémica e insegura.”, dice el autor, y termina su
artículo diciendo, “Me temo que el actual linchamiento hacía una dedicación tan
necesaria, aunque se justifique por la indignación que provocan los casos de
corrupción o de negligencia, pone de manifiesto que no hemos comprendido bien
hasta qué punto es necesaria la política en una sociedad democrática y cuáles
son las limitaciones que proceden no tanto de la clase política como de nuestra condición política.”
Una defensa de la política, si,
pero de la buena política, porque la que estamos viendo no es muy buena. El
autor se ha puesto en un plano bastante genérico y echo en falta concreción.
Pienso que tiene razón en unos aspectos pero en otros no tanto. Hay que hablar
también de los otros, de los que no habla.
Situaciones
complejas no las hay solo en la política, también las hay en el mundo
empresarial y laboral y muchas quiebras han tenido que ver con una falta de
competencia. Es evidente que un político con alta responsabilidad debe tener
una alta competencia, y profesionalidad. No en el sentido de un experto, “que
sabe más y más sobre menos y menos” (Nicholas Butler), o que “es alguien temeroso de
aprender algo nuevo, pues dejaría entonces de ser un experto” (Harry Truman). Pero de un
líder que debe ser capaz de tomar decisiones a partir de la información que sus
asesores “expertos” (tienen muchos, quizás demasiados) y colegas políticos (competentes)
le suministran. El líder político debe entender su lenguaje y saber hacerles
las preguntas adecuadas y pedirles respuestas que le permitan tomar decisiones.
Y si expertos discrepan entre sí, debe ser capaz de distinguir qué experto
probablemente tiene la razón. Esto es la profesionalidad que se exige a un
político. Y políticos competentes deben ser capaces de reducir la burocracia a
un mínimo necesario para que no sea un obstáculo para la economía. En el mundo
actual, el líder político debe ser un gerente profesional, como se precisa en
cualquier organización.
Otro
gran problema reside en el propio “sistema político” que tenemos. Un sistema
bipartidista muy polarizado de derechas e izquierdas, nacionalistas y
centralistas. Partidos políticos herméticos y poco democráticos internamente, dominados
por “lobbies”, “barones”, etc. Y que dan
lugar a que el partido corre el riesgo de romperse cuando aparecen
“progresistas” que reaccionan contra el lobby. Con listas cerradas cuando hay
elecciones, que obliga a votar a un partido y no a personas que el votante
considera competentes, en listas abiertas, porque además la mayoría de los
políticos en las listas cerradas son gente prácticamente desconocida, de los que
no se conoce su currículum. Un currículum es lo que se exige para cualquier
puesto de responsabilidad en la vida privada para tener una mínima garantía de
competencia de la persona. Un sistema político en el que hay una “lucha de
clases” en lugar de una colaboración con preocupación social. Y una falta total
de consultar a los ciudadanos.
La
Constitución Española empieza así:
“La Nación española, deseando establecer
la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la
integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
·
Garantizar
la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a
un orden económico y social justo.
·
Consolidar
un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la
voluntad popular.”
Qué curioso, en el lenguaje corriente no se
habla de la “nación” española, sí de “nacionalidades” y del “estado” español.
Así
comienza la Constitución de los EEUU:
“We the People of the United
States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure
domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the
general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and
our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the
United States of America.”
Para
todos los estadounidenses EEUU es la “nación”, no el “estado”. Están los “estados”
federados.
¿Qué
suena más democrático, “la Nación española” (sin citar a las autonomías), o “Nosotros,
el Pueblo de los Estados Unidos”?
En
su discurso de inauguración de su segundo mandato ante el Capitolio, el
presidente Barack Obama pronunció 7 veces la palabra “together”, 14 veces la
palabra “people” y 3 veces “We, the people”. Algunos republicanos conservadores
lo han llamado un discurso de izquierdas. ¿Ponerse del lado del pueblo es ser
de izquierdas? ¿No somos todos pueblo, o hay gente que vive separado del pueblo?
Esta polarización de derechas e izquierdas es en gran parte consecuencia de la
enorme diferencia entre ricos y pobres que no ha hecho más que crecer y que es
un obstáculo a la verdadera democracia, que es "el gobierno del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo", palabras de Abraham Lincoln.
Luego
podemos hablar del bipartidismo, de la cuasi incapacidad real que un gobierno
sea formado por más de un partido. (En un país que yo conozco están 6 partidos
en el gobierno, y el más votado, que obtuvo la cuarta parte de los votos, no
está). Que las decisiones se tomen con mayoría llamada “absoluta”, pensando que
el 51% es algo absoluto. ¿Por qué no se obliga a que sea como mínimo el 60%, o los
dos tercios? ¿Y por qué, en asuntos que afectan de manera importante al pueblo,
no se recurre a la consulta popular? Entonces alguien diría, interesadamente, que
con estas condiciones es imposible gobernar. Y tienen razón, mientras sigamos
teniendo guetos políticos que no piensan en “el pueblo”, que somos todos. Los lobbies
políticos ni son “del pueblo” ni “para el pueblo”.
Defendemos
la buena política, la que es de todos para todos.
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